La cadena mar‑industria española expresa su profunda decepción ante el acuerdo recién adoptado para el reparto de sardina ibérica en 2026, un acuerdo que, lejos de atender las necesidades reales del sector, llega en un contexto complejo: con las importaciones desde Marruecos suspendidas, con la industria conservera bajo una tensión sin precedentes en su abastecimiento y con un reparto que vuelve a situar a España en clara desventaja respecto a Portugal.
El límite total autorizado para España en 2026 asciende a 16.848.490 kg, una cifra que supone una reducción del 2,79 % respecto al año anterior. Esta disminución contrasta con el margen técnico existente: el ICES había estimado que podían haberse permitido hasta 50.294 toneladas conjuntas sin comprometer la sostenibilidad biológica del stock.
La distribución interna tampoco ha mejorado la situación. Tras las deducciones correspondientes a excesos de 2025, la asignación final queda repartida en 423.106 kg para el xeito, 9.419.958 kg para el Cantábrico‑Noroeste y 7.005.426 kg para el Golfo de Cádiz. Esto se traduce en descensos del 2,3 % para el xeito y del 4,4 % para el Cantábrico‑Noroeste, mientras que el Golfo de Cádiz aumenta un 3,7 %.
A esta insuficiencia interna se suma un factor externo que agrava la situación: la suspensión de exportaciones de sardina congelada por parte de Marruecos desde el 1 de febrero de 2026, medida que durará al menos un año y que afecta directamente al principal flujo de abastecimiento de la industria española de conservas. Marruecos aporta tradicionalmente entre el 64 % y el 94 % de todas las importaciones españolas de sardina congelada, equivalentes a 27.400 toneladas solo entre enero y octubre de 2025.
Actualmente Marruecos está revisando la concesión de licencias para exportación de sardina congelada, sin otorgar ninguna hasta la fecha. El impacto sobre la industria conservera nacional es inmediato: si la falta de materia prima se agrava, existe un riesgo real para asegurar el volumen de fabricación y Empleo en las plantas de España, especialmente Galicia, Andalucía y otras comunidades costeras, ligados con la sardina. En contrapartida, esperan actuaciones de la Comisión Europea, al efecto de una medida que parece implicar una restricción al Comercio y acuerdos preexistentes.
La cadena mar‑industria también lamenta que el acuerdo no haya tenido en cuenta la propuesta formal remitida por carta a la secretaria general de Pesca el 23 de febrero, donde se solicitaba un aumento excepcional y temporal del nivel máximo de capturas para compensar el impacto del cierre marroquí.
El resultado es un acuerdo que, aun siendo técnicamente sostenible desde el punto de vista biológico, no resulta sostenible en términos económicos ni sociales. Las cuotas asignadas quedan muy lejos de cubrir la demanda de la industria nacional, que se encuentra simultáneamente sin materia prima importada y con menor disponibilidad nacional.
Por todo ello, las asociaciones firmantes y representativas de la cadena mar-industria: ACERGA, ANFACO, ARVI y la Federación Galega de Confrarías de Pescadores solicitan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que reabra el diálogo de manera urgente, revise la cuota española a la luz de la excepcionalidad del mercado, impulse una revisión de la clave de reparto con Portugal y adopte medidas de apoyo inmediatas para evitar afectar a un sector estratégico para la economía y la industria alimentaria nacional.