ANFACO-CECOPESCA manifiesta su sorpresa y preocupación ante el hecho de que el proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo haya sido notificado recientemente a la Comisión Europea a través del sistema TRIS, sin que se hayan tenido en cuenta ni sus aportaciones ni las de otros sectores afectados, realizadas durante el trámite de información y audiencia pública abierto en agosto de 2024.
Desde que se presentó el proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo, ANFACO-CECOPESCA mostró una clara voluntad de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con el objetivo de contribuir a la elaboración de una normativa equilibrada, viable y ajustada a la realidad del sector del pescado transformado. En esta línea, la entidad mantuvo conversaciones con la Comisión Braille Española y trasladó al Ministerio diversas propuestas y observaciones técnicas que reflejan las particularidades del sector, como:
- La diversidad de formatos de envasado con difícil solución técnica (bolsas de plástico, latas litografiadas, etc.);
- La necesidad de identificar claramente el estuche exterior como soporte del etiquetado accesible;
- La exclusión de productos temporales vinculados a campañas especiales;
- Y, especialmente, la apuesta por alternativas digitales más eficientes, accesibles e integradoras, como los códigos QR parlantes, etiquetas inteligentes o aplicaciones móviles como NaviLens.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que solo un 10% de las personas ciegas afiliadas a la ONCE utiliza braille de forma habitual (unas 10.000 personas en España), según datos de la propia organización[1] (ONCE, 2023). Esta cifra invita a reflexionar sobre la proporcionalidad de una medida que representa un elevado coste para las empresas y una limitada efectividad para los consumidores objetivo
Lamentablemente, estas consideraciones no han sido reflejadas en el texto finalmente notificado a Bruselas, lo que, a juicio de ANFACO-CECOPESCA, compromete seriamente la viabilidad técnica y comercial del futuro Real Decreto.
La propuesta, además, entra en contradicción con los objetivos de sostenibilidad que la propia normativa europea promueve, al requerir soluciones como sticks plásticos adhesivos en latas o aumentar el grosor de envases para poder aplicar el braille, lo que genera un impacto ambiental y un mayor uso de materiales no reciclables.
Por último, ANFACO-CECOPESCA alerta de que el proyecto, en su actual redacción, rompe el marco normativo comunitario y el principio de reconocimiento mutuo de normas entre Estados miembros, al exigir que productos importados desde otros países de la UE cumplan con estas obligaciones específicas de etiquetado en braille, lo que podría vulnerar el Reglamento (UE) 2019/515 sobre reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro.
El texto fue notificado a la Comisión Europea el 14 de junio de 2025 a través del sistema TRIS. Puede consultarse en: Notification Detail | TRIS – European Commission
El plazo para presentar observaciones por parte de otros Estados miembros o interesados finaliza el 16 de septiembre de 2025.
Desde ANFACO-CECOPESCA, hemos instado a nuestros asociados europeos a que examinen este proyecto con detenimiento y presenten observaciones formales, ya que su aprobación podría sentar un precedente muy problemático para el mercado único.
«Desde ANFACO-CECOPESCA reafirmamos nuestro firme compromiso con la inclusión de todas las personas con discapacidad, y en particular de aquellas con discapacidad visual. Creemos en un etiquetado accesible, útil y universal. Pero también consideramos esencial adaptarnos a las nuevas tecnologías digitales, que ofrecen alternativas más flexibles, sostenibles y eficaces para garantizar el acceso a la información del producto.
Este Real Decreto, en su actual formulación, no solo ignora las aportaciones del sector, sino que impone soluciones técnicamente ineficaces, ambientalmente cuestionables y económicamente gravosas. La inclusión no puede construirse a espaldas de la realidad productiva ni del marco legal europeo. Seguiremos trabajando activamente en España y en Bruselas para que la accesibilidad sea real, viable y compatible con un mercado competitivo y sostenible.”, señala Roberto Alonso, secretario general.
[1] La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso urge al Gobierno a la regulación del etiquetado en braille