La Ley 7/2022, de
8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía, circular transpone
la Directiva 2018/851 sobre residuos y la Directiva 2019/904 (conocida como
Directiva SUP). Su objetivo es disminuir la cantidad de plástico puesta en el
mercado a través de la prevención o minimización del uso de plástico y la
incorporación de plástico reutilizado. Este desarrollo complementa el avance en
la recogida separada de plástico que sostienen las empresas a través de través los
Sistema Integrado de Residuos (SIG) mediante el "punto verde”. Desde 2020
y para asegurar la viabilidad del SIG, que afronta retos marcados por objetivos
ambiciosos, España ya ha alcanzado el objetivo de reciclaje de envases
plásticos fijados en la Unión Europea para 2025.
A través de una estrategia
de minimización y uso responsable del volumen de plásticos y la incorporación
gradual de plástico reutilizado, las empresas del complejo mar-industria ya trabajan
en los objetivos de Ley 7/2022. Respecto a la utilización de los materiales
plásticos que incorporan plástico reciclado, se avanza gradualmente bajo la
autorización de la agencia europea seguridad alimentaria (EFSA), la cual
debe autorizar, bajo los más exigentes criterios de seguridad alimentaria, los
procesos particulares para cada tipo de plástico que permitan la incorporación
de plástico reciclado.
Precisamente por
el largo proceso ante la EFSA y necesario desarrollo tecnológico, en el mercado
todavía no existen soluciones viables y competitivas que permitan utilizarse
para proteger y conservar los pescados y mariscos en sus diferentes
presentaciones. Por ese motivo, es de
esperar una aplicación prácticamente íntegra en todo el sector del gravamen
establecido de 0,45 €/kilo. A ello debemos sumar el personal y/o asesorías
externas dedicados a la difícil tarea de gestión de la documentación y registro
de la documentación previa a la declaración ante Hacienda. Es decir, la
propuesta se traducirá únicamente en un nuevo impuesto directo al no existir alternativas
competitivas en el mercado.
La entrada en
aplicación del impuesto el próximo 1 de enero de 2023, se sitúa en una
coyuntura de extraordinaria tensión para el complejo mar-industria, ante un
contexto inflacionario que está afectando al poder de compra de los
consumidores y retrae volúmenes de venta. Apenas superado el impacto de la
actividad derivado del COVID-19, el prolongado conflicto de Ucrania contribuye
a acrecentar esta dificultad. En esta coyuntura, el esfuerzo de las empresas
elaboradoras y transformadoras de productos del mar por abastecer de productos
competitivos a los ciudadanos no puede verse malinterpretado desde el gobierno
de España, con medidas impositivas en lugar de transformadoras dentro de la
llamada transición verde y digital.
Resulta relevante
destacar que el impuesto no es una obligación derivada de la transposición
de directivas comunitarias que si hace la Ley 7/2022 y que, de los pocos
países que habían considerado aplicar ese impuesto, como es caso de Italia, recientemente
han considerado oportuno retrasar su entrada en aplicación.
Por todo lo
anterior, desde ANFACO-CECOPESCA se solicita que la aplicación de
este impuesto sea reconsiderada y, al menos, retrasada en su entrada más allá del
1 de enero de 2023 hasta que exista un entorno económico estable y en concordancia
con el resto de los países europeos. Asimismo, en beneficio de los
objetivos compartidos por el complejo mar-industria de optimización del uso de
plásticos y su reciclaje, se considera de máxima prioridad desarrollar
proyectos de I+D+i de envergadura en España aprovechando los fondos NEXT GENERATION,
bajo una colaboración público-privada, que encuentre soluciones competitivas y que
asienten la transición verde en el país.
En palabras de
Roberto Alonso, Secretario General de ANFACO-CECOPESCA: "Las empresas del
complejo mar-industria han demostrado su elevado compromiso en la elección de
los mejores materiales de envase y embalaje, y entre ellos, los materiales
plásticos, producidos con los máximos estándares de seguridad alimentaria en
conformidad con la exigente normativa de la Unión Europea y superando ya lo
objetivos fijados en España para 2025. El plástico se está utilizando con
criterios de racionalidad, proporcionalidad y seguridad, así como estamos
colaborando en la minimización del desperdicio alimentario. Por tanto, parece
excesivo que España desee unilateralmente promover un impuesto en lugar de
buscar soluciones técnicas competitivas en colaboración con las empresas o el
resto de socios europeos y, aún más importante, agrave el impacto impositivo
sobre el poder de compra de los productos del mar, alimentos imprescindibles en
nuestra dieta por sus propiedades nutricionales y que están científicamente demostrados”.